Quién le pone el cascabel al lagarto

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La noche del lunes 26 de febrero Martín Vizcarra no fue a darle el pésame a su entrañable amigo Hugo Misad, “El Turco”. Unas horas antes de dejar Moquegua, donde había pasado una semana gracias a un permiso judicial concedido por razones supuestamente laborales, Vizcarra se enteró que Javier Salvador Misad Trabucco –el hermano menor de su hombre de confianza y, según tesis del Ministerio Público, su testaferro–, era velado en la Sociedad de la Filarmónica Unión Eternidad de Moquegua después de fallecer súbitamente por un paro cardiaco fulminante. Unos dicen que el investigado expresidente no fue al velorio porque tenía que regresar a Lima esa misma tarde. Otros creen que evitó fotografiarse con “El Turco”, un personaje sinuoso, sobre quien la prensa ha abundado en su sospechosa conducta, describiendo escenas en las que presumía guardar abultadas cuentas bancarias supuestamente del “jefe”.

Sus paisanos interpretaron, sin embargo, que la ceremonia fúnebre podría ser un mensaje premonitorio. Que el siguiente duelo metafórico será en la familia Vizcarra-Díaz, porque la libertad del jefe, el moqueguano que llegó accidentalmente a la presidencia de la República, se tambalea por la cornisa. Ya no depende de él ni de su capcioso abogado Ugaz, sino de Carlos Estremadoyro Mory y Carlos Revilla Loayza. Este último, sindicado como el operador de “Los Intocables de la Corrupción” quien, tocado por la justicia, tendrá que decidir si cumple una larga condena por corrupción o cuenta toda la verdad a cambio de su libertad. La ecuación no es difícil de resolver. El antecedente más cercano, el de Sataliel Marrufo, explica el nerviosismo de Vizcarra, de su abogado y de sus adláteres.

El tamaño de la coima

En su reciente road show mediático, el expresidente Vizcarra y su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, insisten en elaborar argumentos de defensa como si la presunta organización criminal hubiera cobrado coimas en solo tres obras contratadas por Provías Descentralizado. Las tres obras (Tinatay, Samegua y Pampas) son las que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ha podido reconstruir al detalle la ruta del dinero sucio. Lo pudo hacer porque dos empresarios corruptores y, hasta el momento, tres funcionarios corrompidos, decidieron acogerse a la colaboración eficaz. En su fallido intento por desligar al expresidente de esta banda, enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sostienen, por ejemplo, que algunas de las entregas de las coimas se hicieron cuando Vizcarra no era presidente. Incluso, en un caso, la buena pro se dio también después del 9 de noviembre de 2020, el día que el congreso lo vacó con 105 votos invocando incapacidad moral permanente.

El problema para Vizcarra y su organización es que el “Colaborador Eficaz 08-2023-EFICCOP” (un empresario responsable de la condena al exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos y que ahora está encarcelado por el caso Puente Tarata, la primera denuncia de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo), lo ha delatado como el jefe de la organización desde su primera declaración en mayo de 2023. También ha explicado con detalles que el primer pago de la millonaria coima se realizó en octubre de 2019, cuando Vizcarra acababa de disolver el Congreso de la República con el risible argumento de la “negación fáctica de la confianza” y gobernaba sin contrapeso político. Solo, como un gran jefazo.

El colaborador, también les ha dicho a los fiscales que, por lo menos desde 2016, en Provías Descentralizado se exigía coimas, de manera extorsiva, en todas las obras licitadas. No solo en las tres que investiga Eficcop. En todas. La experta en contratación con el Estado Mónica Yaya ha revisado exhaustivamente las obras, números y fechas, estableciendo que, solo en el período 2016-2020, –cuando Vizcarra tenía control de Provias Nacional primero como ministro del MTC y, después, como presidente de la República– se licitaron 100 obras, por un monto total de 897 millones de soles. Si le aplicamos el 3.5% de coima exigida, se puede calcular que esta organización criminal liderada por Martín Vizcarra Cornejo, según tesis fiscal, habría amasado un botín de 31 millones 400 mil soles. De ese tamaño ha sido la corrupción solo en esta dependencia del MTC, sin contar lo que se hacía en Provías Nacional, la otra unidad ejecutora con más presupuesto para infraestructura pública que, según los colaboradores eficaces, era manejada por el exministro Carlos Estremadoyro Mory, apodado “el cajero de Vizcarra”. En los próximos días podría ser rebautizado como el “delator de Vizcarra”.

La importancia de los “Carlos”

El otro grave problema para Vizcarra es que en los pasillos de la Fiscalía se escucha insistentemente que “Carlos Estremadoyro ya está en cola”. No se refieren a que el exministro del MTC está haciendo la fila para declarar, sino que se habría acogido a la “colaboración eficaz”. El Eficcop no lo ha incluido en la carpeta de aforados envidada al Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, a pesar de que figura en el organigrama primigenio de esta presunta organización criminal, en un importante segundo nivel, junto a Edmer Trujillo. Incluso, Estremadoyro ha realizado un viaje a Colombia la semana pasada, entre el 17 y 25 de febrero, con aparente anuencia de los fiscales. ¿Fue por temas profesionales o personales, o se trató de un viaje en el marco de su supuesta colaboración? Todas estas dudas e incluso especulaciones serán resueltas en las próximas semanas.

Pero, hay otro Carlos que puede ser más letal para Vizcarra: Carlos Eduardo Revilla Loayza, el hombre que debe confirmar el destino final de la suma más abultada de las millonarias e ilegales comisiones exigidas a empresarios de la construcción. Revilla tiene una presión adicional. La joven abogada Elizabeth Ugarte Manrique, la coordinadora de abastecimiento de Provías Descentralizado que viajó de vacaciones a Tailandia antes de que Eficcop saliera a detener a los operadores, también es pieza clave para desentrañar la ruta del dinero. Igual que Revilla, Ugarte Manrique ha negado todo a los fiscales, en comunicación vía zoom desde algún lugar del extranjero, e incluso ha ofrecido que pronto regresará al país para ponerse a derecho, aunque pese sobre ella una orden de detención preliminar. Elizabeth Ugarte y Carlos Revilla mantenían una conocida relación extramatrimonial. También son cómplices y socios en esta trama de corrupción. La libertad de uno depende de la otra. Y viceversa. Fuentes de Eficcop sostienen categóricamente que Revilla ha levantado la mano para acogerse al beneficio de la delación premiada. Esta decisión incluiría, también, que Ugarte siga sus pasos. Sobre ambos no solo pesa cargos graves de corrupción, también se les imputa el delito de lavado de activos poque han incrementado considerablemente sus patrimonios con dinero que no sabrían explicar su procedencia lícita. En Provías Descentralizado era conocido la camioneta Porsche Cayenne con la que Revilla impresionaba a Ugarte. Antes de ser capturado, los agentes de la Diviac que apoyan a Eficcop, lo grabaron entrando y saliendo al moderno departamento de soltera de Elizabeth en una camioneta blanca Land Rover. Todavía despreocupado, sabiéndose intocable. La abogada Elizabeth Ugarte Manrique no estaría dispuesta a pasarse los próximos años a salto de mata en el extranjero sorteando las fichas rojas de Interpol o los pedidos de extradición al país en el que decida esconderse. Más razonable parece ser colaborar con la justicia. Sin embargo, los fiscales se tomarán su tiempo para corroborar lo que digan si deciden delatar. Es requisito indispensable para variar su situación jurídica de detenidos a comparecientes restringidos, que sus dichos sean confirmados. Corroborados. Si esta información, que es vox populi en el quinto piso de la sede central de la fiscalía en la avenida Abancay, se confirma, los días en libertad de Martín Vizcarra Cornejo estarían contados. Se cumpliría el vaticinio de Augusto Thorndike, quien, en una entrevista en Cuarto Poder, le dijo que podría terminar en Canadá, no como embajador. Esa osadía periodística le costó el puesto por decisión de la colombiana Clara Elvira Ospina.

¿Quién levanta la mano?

Sin embargo, no va a ser fácil para los fiscales reconstruir la ruta de las coimas de la gran mayoría de obras licitadas por Provías Descentralizado porque los empresarios, que resultaron favorecidos previa extorsión, no aceptaran delatarse como corruptores. Eso supondría que tendrían que reconocer que cometieron un delito grave que aún no ha prescrito: sobornaron a funcionarios públicos a cambio de beneficiarse con millonarias obras. Es más, según demostró un informe de Ángel Páez de La República, las coimas se pagaban con dinero del Estado entregado en calidad de adelanto para compra de materiales. En el caso de Luis Pasapera Adriánzen, ducho en esos menesteres, logró negociar la “tasa” de la coima de 3.5% a menos del 2%. Quizá obtuvo esa rebaja porque se trataba de un “cliente” antiguo o de un sobornador consuetudinario. En el escenario hipotético de que un grupo de empresarios decida acogerse a la colaboración eficaz estarán sometidos a un engorroso proceso penal que supone el levantamiento de sus secretos bancarios y de comunicaciones, embargo de sus bienes y patrimonio, además de pagar una considerable cifra por concepto de reparación civil a favor del Estado. Un precio que pareciera alto para saldar una cuenta con la sociedad que quieren enterrar. Sin embargo, para el Eficcop solo hace falta terminar de demostrar la ruta del dinero en las tres obras de las empresas relacionadas a Luis Pasapera. Está todo probado, solo falta corroborar el camino, las modalidades, los escenarios y la cantidad de dinero que fue a parar a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el ingeniero que sí supo contar y multiplicar los billetes de 100 y 200 soles. Como los que han entregado sus cómplices Juan José Enciso Torres y Alcides Villafuerte Vizcarra iniciando su proceso de delación. Ese proceso que, al parecer, ha puesto más verde, al Lagarto.

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