Exigen acciones decisivas por parte del Estado para frenar ola de crímenes contra defensores ambientales

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Los pueblos indígenas, guardianes de los bosques de la Amazonía peruana, cumplen un rol crucial en la preservación del medio ambiente y el planeta, pese a ello, el estado peruano aún no ejecuta medidas efectivas para poner un alto al crimen organizado y a las mafias que amenazan y asesinan a los defensores ambientales.

Este fue el caso del apu Quinto Inuma, líder ambiental del pueblo kiwcha asesinado recientemente. Él denunció en innumerables ocasiones la tala indiscriminada y las actividades de narcotráfico que vienen perpetrándose en los bosques ubicados dentro de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, distrito de Huimbayoc, departamento de San Martín.

Durante su última intervención pública, Inuma denunció la inoperancia de los mecanismos de protección del Estado peruano y la indiferencia hacia la población indígena.

“Actualmente estoy protegido por el Estado, pero eso solamente está en el papel. El Estado no está actuando como debe. La corrupción es grande y nada se puede hacer si no se tiene dinero”, expuso el líder kichwa en un encuentro de defensoras ambientales en Ucayali.

“Nosotros como indígenas nos encontramos excluidos, vulnerables en nuestros derechos, pero aún nosotros estamos ahí. Nosotros debemos poner el corazón y alma en defensa de nuestro territorio”, remarcó días antes de su asesinato.

Según cifras de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), del 2013 a 2023 fueron asesinadas 27 personas defensoras ambientales. La mayoría de casos se registraron en Ucayali (7), Junín (6), Loreto (4), Madre de Dios (3), Pasco (2), San Martín (2), Huánuco (1), Amazonas (1) y Lambayeque (1). Asimismo, el principal móvil está relacionado con el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería ilegal  y otros tipos de violencia.

En ese sentido, que organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado medidas efectivas para proteger a las comunidades nativas contra el accionar de las mafias ligadas o actividades ilícitas en el territorio peruano.

Más voluntad política

“Exigimos una respuesta decidida del Estado, como política nacional que enfrente de manera directa al crimen organizado que está detrás de los asesinatos de los líderes ambientales como el apu Quinto, tras las invasiones a territorios indígenas y la expansión de actividades ilícitas. Pese a la creciente ola de violencia, el Estado ha avanzado muy poco para garantizar entornos seguros a los pueblos indígenas”, expresó Carlos Quispe, Especialista del Programa Derechos de DAR

Y es que si bien el Decreto Supremo 004-2021-JUS, que crea al Mecanismo Intersectorial, articula a distintos sectores bajo la rectoría del Ministerio de Justicia, es evidente que no todos tienen el mismo compromiso. Que se evidencia con el incumplimiento del MININTER en la aprobación de Lineamientos de actuación de la PNP en marco de adoptar medidas de protección, cuyo plazo se venció el 3 de Junio del 2021.

“El verdadero problema de fondo es la falta de decisión por parte del gobierno. Se ha dejado de lado el enfoque de prevención en un contexto de violencia en territorio amazónico. En cuanto a protección, el MININTER sigue incumpliendo el mandato que tiene para aprobar sus lineamientos de actuación que contribuirán con la actuación policial ante situaciones donde se requiere urgente protección bajo el marco del Mecanismo Intersectorial. Ha transcurrido dos años del plazo que tienen para hacerlo y aun no se aprueba nada”, agregó Quispe.

Amenazas constantes

En relación al crimen del apu Quinto Inuma, DAR y el Fondo Socioambiental del Perú exhortan a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad a priorizar las investigaciones sobre el homicidio y formular acusación en contra de quienes resulten responsables.

“No podemos tolerar un caso más de impunidad, porque esto lo único que hace es seguir fortaleciendo a los actores ilícitos, quienes se sienten intocables”, remarcaron los voceros de ambas instituciones de la sociedad civil.

Según informa el Fondo Socioambiental del Perú, Desde 2018 la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu es amenazada por las actividades ilícitas que se propagaron en la zona debido al ingreso de cultivos de coca vinculados al narcotráfico. Desde entonces, sus pobladores han visto amenazados sus territorios debido a las invasiones, la construcción de pistas de aterrizaje clandestina y la tala ilegal.

“Para hacer frente a estas amenazas, la comunidad y sus líderes se organizaron y activaron una patrulla ambiental para vigilar y proteger su territorio comunal, y en este panorama el apu Quinto y su hermano comenzaron a recibir amenazas de muerte”, explicó Henry Carhuatocto, representante del Fondo Socioambiental del Perú.

En 2020 se solicitó la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del MINJUSDH, aprobada en 2021 a través de la Resolución Directoral N° 003-2021-JUS/DGDH2, al amparo del Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo esta medida no fue suficiente.

Desde el 2021, el Fondo Socioambiental trabajó con el apu Quinto Inuma para brindar mayor protección territorial a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu. Fue así que se inició una serie de acciones preventivas para que la comunidad pueda proteger sus territorios de manera más segura y eficiente.

Para el patrullaje de vigilancia ambiental, se donó a esta comunidad varios equipos de vigilancia que les permitieron denunciar pública y penalmente los hallazgos de más de 60 mil piezas de maderas taladas ilegalmente dentro del territorio en diciembre del 2021, y hasta la actualidad se ha venido capacitando a los pobladores con el fin de proteger sus tierras

Sobre la comunidad

La comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu cuenta con más de 23 mil hectáreas de bosques y cuencas hidrográficas conectadas con la Reserva Pacaya Samiria y el Parque Nacional Cordillera Azul. Está integrada por 60 familias kichwas y pertenece a la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA) y a la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam). Ambas bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

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