El “Putsch” interminable | Edición impresa

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A 50 años del golpe militar del 11 de setiembre, Chile exhibe un alto nivel de división y polarización política interna. Muy distinto ha sido el caso de Uruguay, que también acaba de conmemorar el medio siglo del golpe cívico militar de Juan María Bordaberry, quien instauró un régimen dictatorial muy parecido al Chile de Pinochet. A diferencia de Gabriel Boric, Luis El Putsch Interminable Lacalle Pou pudo juntar a los ex presidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, su padre, Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica: blancos o nacionales, colorados y frente amplistas consensuaron en la sintonía del “Nunca Más”. Pero en Chile es otra cosa.

Con un gobierno debilitado, y prematuramente desgastado, se hacen esfuerzos para dar gestos y señales por la efeméride que no son acompañados por todos los sectores y actores políticos, particularmente en el espectro de la derecha.

Algunos recordaron la impactante escena de los 30 años de aniversario del golpe del 73, el
2003, cuando Ricardo Lagos reabrió la histórica y republicana puerta de la calle Morandé 80 del costado del Palacio de la Moneda, de donde salió cadáver Salvador Allende y sus colaboradores, incluyendo su guardia especial, los GAPs (Grupo de Amigos del Presidente), detenidos por los militares. La puerta fue clausurada y tapiada tras el golpe.

Hace 10 o 20 años había un nivel de consenso mucho más marcado para interpretar tanto el caótico contexto del sangriento golpe contra Salvador Allende, la brutalidad de la dictadura de 17 años de Pinochet y la construcción del modelo económico que redujo la pobreza del 68% en 1990 al 7% en 2022. Al rechazo del 62% al proyecto de la nueva constitución que fue la consecuencia central de las violentas manifestaciones de 2019, se suma una reciente encuesta de Mori en la que solo el 42% piensa hoy que el golpe destruyó la democracia y el 36% piensa que más liberó a Chile del marxismo. Esos mismos porcentajes eran de 68% y 19% en 2006, respectivamente.

Fotos dramáticamente icónicas del 11 de setiembre de 1973 con Augusto Pinochet y los últimos momentos de Salvador Allende.

Boric, un rendido hincha de Allende, tomó la iniciativa lanzando un “Plan de Búsqueda Verdad y Justicia” para ubicar a los detenidos y desaparecidos durante la dictadura, cuenta pendiente de la democracia chilena. Otra propuesta del gobierno es publicar los detalles del Informe
Valech, que se encuentran protegidos por un alto nivel de clasificación de secreto, en el que se detallan y comprueban los procedimientos y técnicas empleados en la represión.

Suicidio de autor del homicidio de Víctor Jara y los crímenes de DDHH que siempre vuelven.

Los esfuerzos del joven presidente se enfrentaron con la polarización rampante. A inicios de julio, el periodista y escritor Patricio Fernández renunció a dirigir los actos conmemorativos de los 50 años del golpe luego que declaró en un programa de televisión que, si bien las razones de ese trágico momento se podían discutir, lo ocurrido posteriormente a ello era algo inaceptable.

A Fernández lo acusaron de “relativizar” el golpe por el hecho de diferenciar el inmanejable momento político de 1973 con la dictadura. Y los más severos críticos estuvieron en el Partido Comunista, cuyo líder histórico Guillermo Teillier falleció el 29 de agosto a los 79 años. El luto nacional decretado por Boric, como no podía ser de otra forma, despertó tanto adhesiones como críticas.

En el interín, una catarata de documentos desclasificados norteamericanos elaborados por sus organismos de seguridad, entre el 70 y 73, confirmaron sospechas y conjeturas no esclarecidas sobre la participación no solo de Estados Unidos en la trama, antes y después, que llegó con el cruento 11S chileno. Hay aún más inéditos documentos secretos por revelar.

Presidente Gabriel Boric, rendido admirador de Allende, lamentó la muerte de histórico líder del PC, Guillermo Teillier (arriba), la salida de Patricio Fernández como director del acto conmemorativo (al medio). Presentación de libro de Ricardo Martínez teñida de conflicto.

Las Fuerzas Armadas, tan comprometidas, aportaron lo propio. El ex Comandante en Jefe del ejército, Ricardo Martínez, presentó hace pocos días su libro: “Un ejército de todos los chilenos”. Durante el acto consideró la responsabilidad militar en los crímenes de los detenidos desaparecidos como “uno de los mayores agravios al ethos militar, ayer, hoy y siempre”.

La presentación estuvo teñida de un inesperado y desagradable suceso. Jaime Ojeda Torrent, un general en retiro recientemente condenado en primera instancia por 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte, lo acusó a gritos de traidor en plena ceremonia. “No les tengo temor”, respondió el autor. “Soy un militar republicano”.

La Armada organizó una visita con los ex detenidos a la Isla Dawson, centro de reclusión naval de prisioneros políticos, sobre la cual uno de ellos, el exministro de Allende Sergio Bitar, publicaría años después su obra “Isla 10”.

En estos últimos meses, la Fuerza Aérea retiró sigilosamente de exhibición pública sus emblemáticos aviones Hawker Hunter, protagonistas del bombardeo a La Moneda.

Muy distinto es el caso de Uruguay, que también acaba de conmemorar el medio siglo del golpe.

Finalmente se recordaron los apoyos brindados a los perseguidos por la Junta Militar de parte de las embajadas y diplomáticos extranjeros acreditados tras la llegada al poder de Pinochet. Saltó el nombre del embajador peruano en Santiago, y luego ministro de Relaciones Exteriores, Arturo García y García por sus notables esfuerzos en esa dirección.

En éste enrarecido clima, un general retirado, Hernán Chacón (86), optó por el suicidio al ser buscado por la policía para que cumpla una condena de 15 años por estar directamente involucrado en la muerte del cantautor y folclorista Víctor Jara en el estadio Nacional. En suma, un escenario poco contemporizador pese al tiempo transcurrido.

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