Juntando votos en cancha de APP

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El futuro de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es incierto. La Comisión Permanente (CP) allanó el camino para inhabilitar por 10 años a sus siete miembros el lunes 26 de febrero, pero aún no ha definido una fecha para dar la estocada final; estarían esperando a asegurar los 66 votos que necesitan. Tarea que se complica si se tiene en cuenta que los 30 miembros de la CP no podrán votar en el Pleno.

Fuentes parlamentarias estiman que la sesión del Pleno en la que se evaluará la sanción para los integrantes de la JNJ se daría entre la última semana de marzo y la primera de abril. Mientras tanto, las 12 bancadas que componen el autodenominado primer poder del Estado se encuentran definiendo posturas.

El bloque de derecha tiene 29 votos duros para lograr este cometido; esto es lo que suman los integrantes de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, menos los que integran la CP. Los opositores tienen los votos de Cambio Democrático – Juntos por el Perú (8) y Perú Bicentenario (4).

Sorpresivo fue el viraje de Alianza Para el Progreso (APP), que pasó de sostener públicamente que no apoyarían la destitución de los miembros de la JNJ a apoyar el informe elaborado por Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales -con los votos de Lady Camones y Elva Julón- y en la Comisión Permanente.

A inicios de enero, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, señaló que su bancada podría considerar la posibilidad de remover la magistrada Inés Tello, centro de las controversias por mantenerse en la institución habiendo pasado los 75 años. No obstante, Lady Camones votó a favor de inhabilitar a los magistrados en todos los casos individuales.

En Perú Libre, la balanza se inclina por aprobar la inhabilitación. El congresista Flavio Cruz dijo a CARETAS que la bancada no tiene un acuerdo formal pero que “personalmente, creo que todos estamos decepcionados de la JNJ”. Esta apreciación se condice con el apoyo unánime que ha dado el partido del lápiz al informe Medina en la SAC y en la CP. Según el legislador puneño, los argumentos de los abogados Samuel Abad y Omar Cairo no los convencieron.

En Podemos Perú y el Bloque Magisterial el voto está dividido. Heidy Juárez, miembro de la bancada de José Luna Gálvez dijo a esta revista que su grupo aún no toma una decisión respecto a la permanencia de los magistrados. Similar respuesta tuvo el acciopopulista Luis Aragón, aunque sus correligionarios han apoyado la sanción para la JNJ.

Falla de origen

El constitucionalista Omar Cairo, abogado de la magistrada Inés Tello, llamó la atención sobre una falla de origen en el informe Medina; el documento propone la inhabilitación, pero no la destitución de los magistrados. Esto haría que la sanción entre en vigencia recién cuando hayan culminado sus mandatos en diciembre; por lo tanto, se mantendrían en funciones.

El jurista señala que Tello no infringió la carta magna al permanecer en su cargo pasados sus 75 años, porque no hay ningún artículo constitucional o norma que lo diga expresamente. La edad tampoco es una causal de vacancia en la Ley Orgánica de la JNJ. La única forma de que la magistrada dejara sus funciones, dice Cairo, es que abandonara el cargo, lo cual, es un delito.

El debate de la inhabilitación de los miembros de la JNJ pone muchas cosas en juego; entre ellas, la paralización de la investigación a la suspendida fiscal Patricia Benavides y la ratificación de los jefes de la ONPE y el Reniec, proceso que quedaría suspendido si se remueve a los magistrados con el argumento de la edad, ya que muchos de los accesitarios pasan los 75 años y no podrían acceder a la entidad.

La independencia judicial misma estaría en riesgo. El especialista advierte que, si el Parlamento inhabilita a los integrantes de la JNJ, los nuevos miembros tendrán un precedente que podría hacerlos pasibles de ceder a las presiones de Palacio Legislativo. “De facto, el Congreso cancelaría la independencia fiscal, judicial, y la posibilidad de elecciones políticas limpias”, advirtió.

Esta no es la única espada de Damocles que pesa sobre la JNJ. Aún está pendiente el debate y votación de la moción presentada por Jorge Montoya pare removerlos por haber suspendido a Patricia Benavides y el trámite de una denuncia constitucional presentada por un ciudadano identificado como Julio Ismael Severino Bazán, que les atribuye los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, prevaricato y omisión de funciones.

El factor Villanueva

Las declaraciones del “filósofo”, Jaime Villanueva, debilitaron a la JNJ de cara al proceso parlamentario que amenaza su permanencia. En primer lugar, sembró dudas sobre el magistrado Guillermo Thornberry, a quien acusó de ser el “topo” de Benavides en la institución y en segundo, provocó la renuncia de Henry Ávila, acusado de hacer tratos irregulares con el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, para favorecer a la empresa de capitales chinos Río Blanco, donde había trabajado como consultor.

La incorporación de Marco Tulio Falconí a la JNJ también es un factor a tener en cuenta. Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, el excongresista ejercerá nueve meses el cargo que perdió luego de que se evidenciara que se benefició con un bono dirigido a licenciados de las Fuerzas Armadas que no le correspondía, ya que el hizo estudios en un colegio militar no acuartelado. También se le cuestiona haber tenido comunicaciones con el prófugo César Hinostroza.

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