A tono con el insoportable calor del verano 2024, y a juzgar por las encuestas, el gobierno de Dina Boluarte parece derretirse como un glaciar.
¿Puede la ley de gravedad política aguantar a una presidenta que según la última muestra de CPI tiene solo 9,6% de aprobación a nivel nacional y apenas un tétrico 3,3% en el sur del país?
Suena a una pregunta casi académica, pero es una cuestión gravitante para la democracia. Porque todo indica que sí la puede aguantar.
A diferencia de sus predecesores inmediatos, Boluarte tiene la fortuna de tener el concurso del Congreso, resuelto a quedarse hasta el 2026, y del poder fáctico empresarial, con el que se conversaron los recientes cambios ministeriales, orientados sobre todo a reactivar la inversión y destrabar proyectos.
Algún paralelo hay con el gobierno de Alejandro Toledo, que llegó a cifras incluso un poco más bajas de impopularidad en febrero de 2004, a casi la mitad de su accidentado gobierno.
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